La hostelería carga contra el Ayuntamiento de Málaga por no aplicar una moratoria con las terrazas

El sector reprocha al Consistorio que continúe con las redadas en plena negociación de la nueva ordenanza municipal – El Centro fue este viernes nuevamente, y por segundo día consecutivo, escenario de inspecciones – Las partes se reúnen el próximo miércoles para intentar acercar posturas

Lucas Martín 16.04.2016 | 05:00

El enfrentamiento del Ayuntamiento de Málaga y el sector de la hostelería regresa a su punto de máxima tensión. La última campaña de control iniciada por los técnicos municipales, que barrió ayer y el pasado jueves las calles del Centro Histórico, ha vuelto a encender los ánimos de los empresarios de restauración, que no entienden que el Consistorio continúe con la misma política de sanciones a pesar de que ambas partes se encuentran a la espera de la revisión y negociación de la normativa que regula al sector.

Los bares y restaurantes, informa la asociación Mahos, reprochan al alcalde de Málaga,Francisco de la Torre, que no se haya decantado por aplicar una moratoria que, si bien nunca fue formalmente concedida, es demandada por los hosteleros como punto básico de buena fe para que fructifique la negociación. Para José Simón Martínez, portavoz de la asociación Mahos, resulta difícil de explicar que en pleno proceso de diálogo el Consistorio no deponga su actitud y prosiga con la escalada de inspecciones, lo que ha acabado por hostilizar a buena parte de los encargados de los establecimientos.

La crisis provocada por la ordenación de las terrazas estuvo a punto de levantar el hacha de guerra definitiva el pasado mes de febrero, cuando el sector, congregado en asamblea, coqueteó, incluso, con la idea de la huelga. La situación, salvo por el periodo de tregua que sucedió a los paros de Limasa, no ha variado mucho desde entonces. Sobre todo, tras los episodios de esta semana, que atestiguan que las diferencias están todavía lejos de encontrar un punto de solución.

A última hora de la tarde de ayer, sin ir más lejos, el Centro continuaba siendo escenario de nuevas rondas de vigilancia y supervisión. El Ayuntamiento no afloja y mantiene abierta una doble vía de actuación que desespera a la hostelería; por un lado, sigue adelante con su intención de dialogar y, por el otro, cumple a rajatabla con la actual normativa, que limita la extensión de las terrazas y plantea multas en caso de incumplimiento y exceso de ocupación.

Fuentes municipales confirman lo que ya advertían en estas mismas páginas ayer los miembros de Mahos: el Consistorio, instigado también por las demandas vecinales, ha empezado ya a decretar la retirada total de licencias en las calles más conflictivas, entendiendo por éstas las que dejan menos espacio libre para el peatón. La primera en verse afectada por esta decisión ha sido el céntrico pasaje de Santamaría, donde ningún negocio, al menos que cambie la ley, podrá funcionar el próximo año con sus terrazas operativas. «Son permisos que se renuevan anualmente y cuya continuidad depende de que se ajusten a la norma», señalan.

Las empresas adheridas a Mahos, que está en pleno proceso de fusión con Amares, la otra asociación del gremio, ya han comenzado a intensificar los contactos con los representantes del colectivo para hacerles constar su indignación. De acuerdo con José Simón Martínez, son decenas los responsables de bares y restaurantes que a diario acuden a ambas organizaciones en busca de protección. En la mayoría de los casos, además, con notables dosis de hartazgo, por lo que no se descarta que se pueda producir una nueva convocatoria de movilizaciones. El próximo miércoles, aclaran las fuentes municipales, está prevista una nueva reunión Los hosteleros creen, no obstante, que las inspecciones continuarán.

El borrador de la futura Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública establece entre otras cuestiones que el Ayuntamiento podrá cerrar de forma temporal las terrazas de los negocios infractores un máximo de 30 días y si se exceden de los metros autorizados o producen molestias a los vecinos, podrían ser sancionados con el cierre entre 10 y 30 días, al margen de la correspondiente sanción económica.

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