- Promoción Empresarial denunció 785 ocupaciones de hecho y abrió 132 órdenes de retirada
- Sin embargo, no fueron retiradas ni mesas ni sillas por estos incumplimientos
Varias terrazas situadas en el entorno de la Plaza Uncibay. / JAVIER ALBIÑANA
Las mismas estadísticas que pusieron en duda años atrás el control ejercido por el Ayuntamiento de Málaga sobre los negocios de hostelería de la ciudad y la ocupación del espacio público, permiten ahora mejorar la valoración del trabajo que viene realizando en la vigilancia de la actividad. Los datos al cierre de 2018 confirman un incremento de la labor de inspección no solo por parte del área de Comercio sino también de la Policía Local.
La sinergia de ambos entes ha permitido la denuncia de 785 ocupaciones de hecho, con sus correspondientes liquidaciones económicas (cerca de 270.000 euros), por parte de hosteleros que han excedido las superficies que tenían autorizadas para la instalación de sus terrazas. A esta vía de intervención hay que añadir las 132 órdenes de retirada emitidas contra aquellas infracciones de mayor envergadura. El dato crece respecto a los 73 de 2017, con un 80% más. Sin embargo, de acuerdo con los datos a los que tuvo acceso este periódico, estas advertencias de intervención no se tradujeron, en ningún caso, con la retirada material de mesas y sillas.
Pero ¿en qué medida esta mayor intervención se ha traducido en la imposición de multas? El interrogante gana en valor después de que la información aportada por Gestrisam, el organismo municipal encargado de la recaudación, a la Asociación de Vecinos Centro Antiguo apenas reconociese la apertura de 24 expedientes sancionadores en los once primeros meses del año pasado. De ellos, sólo 8 dieron lugar a la adopción de una resolución sancionadora y se cobraron en ese intervalo, 7.
Desde Promoción Empresarial, cuya concejala, Elisa Pérez de Siles, está llamada a una comparecencia este lunes en la Comisión de Economía, se precisa que a lo largo del pasado ejercicio fueron enviadas a Gestrisam un total de 140 actas emitidas por la Policía Local para la apertura de los expedientes sancionadores.
«El dato que se emitió desde Gestrisam entendemos que obedece al número de expedientes resueltos, cuya tramitación, dado el procedimiento que lo regula, es bastante extensa en cuanto a trámites y plazos”, indicaron desde el departamento municipal. Asimismo, destacaron que en el presente mes de enero el número de actas remitidas al organismo autónomo es de 31.
A juicio de Pérez de Siles, esta información numérica viene a demostrar que las órdenes de retirada que se están activando «están siendo efectivas». «Estamos haciendo un trabajo importante para exigir el cumplimiento de la nueva ordenanza, algo que nos exigía la ciudadanía antes incluso de su aprobación», dijo la concejala, para quien la labor que se está realizando «exige profundizar al servicio de vigilancia de los inspectores». «Pero lo más importante es que sin la colaboración de la Policía Local sería imposible; es fundamental la coordinación con la que trabajamos ambas áreas», insistió.
Una de las aportaciones de la nueva ordenanza es que simplifica el proceso de intervención de la Policía local, que en buena medida es la que se encarga de hacer seguimiento del cumplimiento o no de los expedientes ya abiertos. En el supuesto de que se constate que el incumplimiento se mantiene, los agentes lo comunican «y se abren medidas más extremas», pidiendo la propia Policía «obligar a cumplir con el decreto». Las nuevas posibilidades que fija la normativa «genera un efecto disuasorio grande», consideran desde el área municipal.
ASOCIACION DE VECINOS "EL ROMERAL CONTRA EL RUIDO" 