Decálogo de los Defensores del Pueblo contra el ruido

23/09/2016

La Defensora del Pueblo y los defensores del pueblo autonómicos, reunidos en Pamplona en las XXXI Jornadas de Coordinación han aprobado el siguiente decálogo:

En defensa del derecho de la ciudadanía a un domicilio libre de ruido

Las defensorías del pueblo, conscientes de la incidencia negativa que en la calidad de vida de la ciudadanía tiene la contaminación acústica, desean postular una serie de medidas destinadas a garantizar de manera real y efectiva los derechos constitucionales que pueden ser vulnerados por su impacto.

Entre tales derechos, y de acuerdo con una consolidada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, destacan los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica, la intimidad personal y familiar y la inviolabilidad del domicilio, así como los derechos de todos a un medio ambiente adecuado y a la protección de la salud. Estos derechos se agrupan en lo que se ha dado en llamar el derecho de las personas al descanso y al silencio en su domicilio.

Sin perjuicio de recordar que el respeto al disfrute de estos derechos es una obligación no solo de los poderes públicos, sino también de la sociedad civil, consideramos que:

1. Los poderes públicos (y, en particular, las administraciones competentes) deben promover cambios en las prácticas sociales que originan la contaminación acústica e impulsar la concienciación de la sociedad sobre sus perniciosas consecuencias para la ciudadanía, mediante la educación escolar y campañas formativas e informativas dirigidas a sensibilizar a la población. El ruido debe ser tratado como un problema de entidad que afecta seriamente a la calidad de vida de las personas.
2. La garantía del derecho a un medio ambiente adecuado en los espacios rural y urbano y, de manera singular, en las viviendas, exige que los poderes públicos sean conscientes y asuman su función pública de control ambiental de la contaminación acústica, cualquiera que sea el foco emisor que la origine, cuando se superan los límites establecidos por las normas.El ejercicio de esta función pública, como expresión de una buena administración al servicio de la ciudadanía, debe tener como objetivo irrenunciable garantizar el derecho a un domicilio libre de ruidos que permita a sus residentes disfrutar de su derecho al descanso.
3. Con esta finalidad, las administraciones públicas deben ejercer, de forma eficaz y eficiente, las potestades que tienen asignadas en el ámbito de la ordenación del territorio, la planificación urbanística y el control y la disciplina ambiental, con el objeto de prevenir, evitar, y en su caso, suprimir la contaminación acústica que impida o limite el ejercicio de los derechos fundamentales.
4. El ejercicio de la función pública relacionada con el control de la contaminación acústica hace necesario, además, que se elaboren planes de inspección dirigidos a verificar de oficio que los establecimientos e instalaciones que generan contaminación acústica dispongan de las correspondientes autorizaciones administrativas para su funcionamiento y que se respete el cumplimiento de las medidas correctoras impuestas.
5. Las administraciones autonómicas, provinciales y locales deben promover un marco de coordinación y colaboración que garantice que todos los municipios puedan ejercer de una manera efectiva las potestades administrativas que tienen asignadas, garantizando la igualdad en la tutela y disfrute de los derechos fundamentales, con independencia del lugar en el que resida la ciudadanía.
6. Asimismo, y con la finalidad de que los municipios puedan ejercer las competencias que tienen asignadas en este ámbito, ya sea por medios propios o por vía de colaboración con otras administraciones públicas, deben poder contar con los medios técnicos y personales necesarios que permitan crear en todo el territorio, urbano o rural, un servicio público de inspección y control de ruido.Se debería reconocer e impulsar el papel de la policía ambiental (en cualquiera de sus niveles: local, provincial o autonómico) como una institución clave en la detección rápida de este problema, en cuanto a las posibilidades de inspección “in situ”, en el foco de emisión de los ruidos, una correcta medición de los niveles de ruido en los domicilios y, en su caso, intervención cautelar.
7. Las administraciones públicas no solo deben dar respuesta e impulso a las denuncias por exceso de ruido en los domicilios que planteen las personas afectadas, sino que deben, también, hacer un seguimiento de las medidas que se adoptan, facilitando medios para que la ciudadanía, de manera transparente, pueda ser informada de la adopción de tales medidas o para que, en su caso, pueda denunciar la inactividad de las autoridades y funcionarios ante sus reclamaciones. Asimismo, deben dar cumplimiento sin dilación a las sentencias de los tribunales de justicia, (sobre todo, del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos) que dan amparo a ciudadanos concretos en casos probados de vulneración de sus derechos.
8. Sería aconsejable que las administraciones públicas promovieran mesas o foros de participación ciudadanapara la gestión de conflictos sociales derivados del exceso de locales de ocio nocturno o por el funcionamiento de actividades que generen molestias de convivencia graves y continuadas.
9. Aunque lo deseable en un Estado de derecho es que la tutela del derecho de los ciudadanos a un domicilio libre de inmisiones acústicas que no tienen el deber jurídico de soportar, se ejerza por los órganos que tienen encomendada la potestad para ejercer esa función pública, las defensorías valoran de manera positiva las actuaciones de jueces, tribunales de justicia y fiscales a la hora de garantizar los derechos vulnerados por la contaminación acústica, cuando estos no son debidamente protegidos por las autoridades y funcionarios responsables en sede administrativa.
10. Las defensorías del pueblo remarcan su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía cuando estos sean vulnerados por causa de la contaminación acústica.Con esa finalidad, se comprometen a realizar cuantas acciones estén legalmente a su alcance para proteger de manera eficaz el derecho de la ciudadanía a residir en un domicilio libre de ruido, incluso poniendo en conocimiento de la Fiscalía aquellos casos en que observen vulneraciones de derechos de la ciudadanía con una posible relevancia penal.Asimismo, las defensorías del pueblo se comprometen a promover actuaciones de información, coordinación y divulgación de buenas prácticas en los ayuntamientos con objeto de fomentar la adopción de medidas de distinta naturaleza para prevenir o gestionar los conflictos ambientales, así como a ayudar a los ciudadanos damnificados en la orientación jurídica que resulte necesaria para que estos puedan ejercer acciones en defensa de sus derechos en los órdenes competentes.

 

 

 

 

 

 

“El ruido no deja vivir”, afirma la Defensora del Pueblo

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha inaugurado este jueves en el Parlamento de Navarra las XXXI Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, dedicadas en esta edición a analizar ‘La invasión del domicilio por ruidos: la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la integridad física y psíquica’.

“Los Defensores recibimos quejas de ciudadanos que nos describen lo que ocurre en torno a su domicilio, los ruidos que se producen, que no les dejan vivir, y que nos dicen que la administración, en general ayuntamientos, no corrige la situación”, ha explicado Soledad Becerril.

En concreto, ha destacado el tiempo que lleva el lograr que se haga una inspección sobre ruido. “Son llamativas las horas no oportunas de esas inspecciones y es también llamativo el no cumplimiento de las medidas exigidas, tras esa misma inspección, o la escasa eficacia de sanciones”, ha explicado.

Soledad Becerril ha asegurado que la sociedad española “no está concienciada sobre el daño que puede causar” el ruido, que “puede arruinar la vida de una persona o de una familia” y ha advertido que “la invasión del domicilio por ruidos es un asunto que produce “daños no fácilmente valorables desde un punto de vista económico, pero de consecuencias psíquicas y físicas muy importantes”.

La Defensora ha señalado también que la defensa de “los derechos de las personas a no vivir contaminados por el ruido” se apoya en una amplia jurisprudencia que incluye sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Todos ellos consideran que “el ruido puede suponer la vulneración del derecho de la intimidad de la persona y del principio de inviolabilidad del domicilio. Principios fundamentales en un estado de Derecho”, ha subrayado Soledad Becerril, quien ha confiado en que los ciudadanos se puedan beneficiar de las conclusiones de las jornadas de trabajo de los Defensores .

Organizadas por el Defensor del Pueblo de Navarra, las jornadas cuentan con la participación de los titulares de las defensorías existentes en España: el Defensor del Pueblo Andaluz, el Síndic de Greuges de Catalunya, el Valedor do Pobo de Galicia, el Diputado del Cormún de Canarias, el Ararteko del País Vasco, el Justicia de Aragón, el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana y el Procurador del Común de Castilla y Leon.

 

Mitjana suma 100 multas por beber en la calle en sólo dos fines de semana

Los vecinos aplauden que por fin se esté controlando el ‘botellón’ encubierto en la plaza

VICTORIA R. BAYONA MÁLAGA | ACTUALIZADO 27.09.2016 – 01:00

La lucha contra lo que los vecinos llaman el botellón encubierto del entorno de la plaza Mitjana se ha saldado con alrededor de 100 multas a clientes en los dos últimos fines de semana. La Policía Local de Málaga ha intensificado su actuación en la zona desde el pasado 16 de septiembre y, además de las acostumbradas denuncias a los bares, comenzó a multar a quienes consumen bebidas fuera las terrazas habilitadas para tal fin. Los vecinos aplauden la mano dura policial, siempre y cuando tenga continuidad en el tiempo y se consiga erradicar el problema. Los hosteleros, sin embargo, se sienten más perseguidos que nunca y aseguran que si las multas persisten, «estamos muertos».

El pasado fin de semana ha sido el segundo en que los agentes de la Policía Local de Málaga han estado presentes en la plaza Marqués del Vado (Mitjana) y las calles aledañas no sólo para multar a lo bares por vender bebidas para su consumo fuera del local y de la terraza, como viene siendo habitual desde hace algo más de un año. Durante los dos últimos viernes y sábados, los policías han entrado en la plaza y han localizado a clientes consumiendo bebidas fuera de los locales, y de las mesas y sillas de sus terrazas. Alrededor de 100 denuncias se ha acumulado -ascienden a 100 euros cada una- en estas cuatro noches, según los datos aportados por el área de Seguridad del Ayuntamiento de la capital.

El primer fin de semana 68 personas fueron denunciadas, por las casi 40 que fueron sorprendidas el último viernes y sábado. La manera de actuar de los agentes es siempre la misma, entran en la zona y permanecen en ella un tiempo para que su presencia tenga también efecto disuasorio entre los clientes. Los bares, por su parte, acumulan una treintena de denuncias por este mismo motivo desde el pasado día 16.

Fuentes policiales consultadas por este periódico explicaron que la intensificación de la actuación en la zona tendrá un carácter continuado hasta que se erradique este tipo de consumo. Una afirmación que los vecinos del entorno aplauden, siempre y cuando se cumpla. Óscar Agudo es el representante de los residentes de Mitjana y agradece que se esté «controlando lo que no se ha controlado en 30 años». «Ahora ponerse firme cuesta más porque ha habido dejación durante 30 años, pero es que no se les está pidiendo nada más allá del cumplimiento de la normativa. Y la Policía lo que tiene que procurar es hacer cumplir las ordenanzas y normativas que existen», matiza Agudo.

Pero también tiene claro que los residentes no se van a «conformar con que vengan dos días», porque considera que la presión policial «tiene que ser como mínimo tres meses, incluso en Navidades», para que no se repita la imagen de la plaza colmada de personas. «Eso de que la hostelería sea el motor de la economía no es pretexto para eludir una obligación o incumplir una normativa», concreta. Óscar Agudo recuerda que además tienen que existir «unas medidas correctoras por parte de Medio Ambiente tras el proceso de monitorización del ruido, que hasta ahora no se han producido».

Por su parte, los hosteleros de la plaza Mitjana y las calles colindantes se sienten perseguidos sobremanera con una amplia presencia policial en la zona que critican que cada fin de semana llega antes. «Si continuamos así, estamos muertos», explica José Alberto Nieto, que habla en representación de los locales de Mitjana. Él mismo asegura que en su negocio ha reducido la plantilla al 40% en sólo un fin de semana, «por lo que lo siguiente es ya cerrar», matiza, una situación que se hace extensible a los demás bares.

Hasta ahora soportaban las varias sanciones -300 euros cada una- semanales que les ponían, pero al empezar a multar a los clientes, las ventas han descendido, ya que la afluencia de personas es menor, pero las multas se siguen reproduciendo. En uno de los bares, cuyo propietario prefiere no revelar su identidad, la recaudación del fin de semana ha bajado desde los 3.000 euros a los 1.090 euros, según indica. Para defender sus negocios, han colgado carteles en los que defienden la actividad hostelera y tienen previsto colocar alguno más. También han iniciado dos recogidas de firmas, una a través de Change.org y otra en papel.

Un estudio del Ayuntamiento propone límites para terrazas y apartamentos turísticos en el Centro

El estudio del OMAU aboga por un mayor celo en el cumplimiento de las normas para la ocupación de la vía pública con mesas. / Paula Hérvele

No hay más que darse un pequeño paseo por el casco antiguo de Málaga para comprobar que el auge turístico que experimenta ha eclosionado hasta el punto de que cada vez resulta más común toparse con grupos de turistas cargados con maletas camino de algunos de los numerosos apartamentos abiertos en los últimos años en edificios que albergaron viviendas, tomando fotos de monumentos o llenando las terrazas de los bares y restaurantes que han hecho suya la vía pública por encima de los límites permitidos en las ordenanzas municipales. Es evidente que este fenómeno ha supuesto un beneficio para la economía local, pero ¿se han calibrado adecuadamente las consecuencias negativas que puede acarrear a corto y medio plazo?

La más evidente, ya palpable, es la pérdida de población. Cada vez menos personas quieren residir en un Centro enfocado casi por entero al turismo y en el que siguen trazándose proyectos para limitar el uso del vehículo privado y favorecer los espacios peatonales. En los últimos seis años, el corazón de la ciudad ha perdido casi medio millar de habitantes, al pasar de 5.196 en el año 2010 a 4.720, según el dato de población del pasado mes de enero.

Pero existen otros muchos aspectos relacionados, por ejemplo, con la seguridad ciudadana y los valores artísticos, arquitectónicos y de identidad del Centro que también corren peligro por la evolución que la zona está mostrando. Así lo pone de relieve un informe elaborado por el Observatorio de Medio Ambiente Urbano del Ayuntamiento, dentro de los trabajos de la Agenda Urbana de Málaga, en el que se subraya la necesidad de acometer «actuaciones urgentes para recuperar el equilibrio perdido en la ciudad antigua entre las necesidades y derechos de los vecinos residentes, y la necesaria actividad económica de fomento de los espacios monumentales históricos, culturales contemporáneos y de ocio».

El estudio, disponible en la web ‘www.omau-malaga.com’, señala medidas concretas para poner freno, entre otras cuestiones, a la profusión de locales de hostelería. Así, propone cambiar la normativa urbanística para levantar las restricciones a la implantación de entidades financieras en plantas bajas de edificios, e introducir igualmente por cada manzana una ocupación máxima para cada uso que no supere el 20% de la superficie en planta. De este modo, un restaurante o una franquicia, por ejemplo, no podrían establecerse en una manzana que ya tenga esos mismos usos por encima del 20% de su superficie.

Zonas saturadas

El avance de la renovación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Centro de Málaga, elaborado por la Gerencia de Urbanismo, ya contempla algo parecido, aunque sin definirlo completamente, al proponer que se limiten determinados usos comerciales en aquellas zonas que se consideren como «saturadas» respecto a esos usos concretos.

El estudio del OMAU también propone medidas para limitar la conversión de pisos y edificios de viviendas en apartamentos turísticos. En primer lugar recuerda que, según la normativa vigente del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), el uso de hospedaje podrá implantarse en un inmueble con uso residencial siempre que disponga de accesos e instalaciones independientes. Y, además, apuesta por limitar el uso hotelero y de apartamentos de forma que no supere los 9.500 metros cuadrados construidos en un círculo de 200 metros de radio cuyo centro sea la puerta de acceso al establecimiento que se tome de referencia. También plantea realizar una inspección para comprobar si los negocios de este tipo abiertos en los últimos años cumplen o no con la normativa municipal.

Asimismo, en relación con la ocupación de la vía pública con las mesas y sillas de bares y restaurantes, el informe propone revisar y reducir los planes de aprovechamiento autorizados en los últimos años por el Ayuntamiento, ya que, según se apunta, pueden renovarse cada año; agilizar la normativa que regula las multas por el incumplimiento de las ordenanzas e incrementar el control por parte de inspectores y policías locales, con la retirada inmediata de los elementos que no cumplan. En ese sentido, cabe recordar que el equipo de gobierno municipal prepara una renovación de la ordenanza que regula la ocupación de la vía pública que anunció para este verano y que aún no ha sido aprobada. Según fuentes municipales consultadas, está pendiente de trámites internos.

El trabajo del OMAU ha analizado cuatro zonas del Centro -calles Strachan y La Bolsa, y las plazas de las Flores, Uncibay y la Merced- para ver si sus negocios de hostelería acatan las normas para ocupar la calle con mesas y sillas. El resultado es que el 58% de los locales estudiados ocupan una superficie superior a la que tienen permitida, y solo el 14% cumplen con todos los condicionantes establecidos para colocar mesas en la vía pública, en relación a dimensiones, toldos, publicidad, etc.

 

El Ayuntamiento pide a la Policía mano dura para controlar el ruido de Mitjana

Medio Ambiente solicita por segunda vez este año actuaciones en la zona Los vecinos lo consideran «echar balones fuera»

VICTORIA R. BAYONA MÁLAGA | ACTUALIZADO 02.09.2016 – 01:00

El aluvión de denuncias de vecinos del entorno de Mitjana (plaza Marqués del Vado) por el ruido que soportan por el llamado botellón encubierto ha provocado que el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga le requiera a la Policía que intensifique su actuación en la zona por segunda vez en lo que va de año. A finales julio, 50 residentes de calles cercanas a la plaza remitieron una nueva oleada de quejas dirigidas a la Junta de Distrito Centro y a la Alcaldía y la respuesta que les ha llegado ha sido una carta del director de general de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Luis Medina, dirigida al jefe de la Policía.

En la comunicación -fechada el pasado 9 de agosto- le solicita «un control de los ruidos producidos a consecuencia de la movida o botellón en el exterior de los establecimientos y de los ruidos de los clientes en las terrazas». Y le pide igualmente que remita las actuaciones practicadas al área que corresponda para en el caso de que proceda se incoen expedientes sancionadores a los responsables. Aparte de las «actuaciones que estime pertinentes acometer para preservar la seguridad ciudadana y solucionar el problema denunciado».

Los vecinos consideran, sin embargo, que el escrito supone únicamente echar «balones fuera». «Medio Ambiente se quita el problema de encima haciendo responsable a la Policía, la misma que en Feria fue incapaz de controlar el botellón y la misma que cada fin de semana parece mirar para otro lado para permitir el mayor consumo en los bares con sólo la actuación a partir de la hora de cierre, cuando ya los bares han hecho su agosto«, explica Óscar Agudo, representante de los vecinos afectados.

Igualmente matiza Agudo que es a Medio Ambiente a quien le corresponde «proponer las medidas correctoras oportunas ante los problemas de contaminación acústica» que sufre la zona. Niveles que por otra parte fueron medidos y registrados por el propio Ayuntamiento en un proyecto de monitorización del ruido que finalizó en febrero.

Los residentes no consideran que las actuaciones solicitadas por el área municipal vayan aportar solución alguna al problema, porque ya en el mes de enero recibieron una comunicación similar, que no ha conllevado ni un solo cambio en el ocio nocturno en la zona -ambos escritos de Medio Ambiente acompañan la información-.

Hace ya más de un año, los residentes de la zona lanzaron una ofensiva de denuncias contra el Ayuntamiento de la capital por el ruido que se concentra en Mitjana en las noches del fin de semana -entorno de la plaza Marqués del Vado y de las calles Luis de Velázquez y Capitán-. El consumo de alcohol fuera de los bares y de las terrazas y veladores habilitados en los establecimientos es la estampa nocturna que se repite de jueves a sábado y contra la que luchan los vecinos, pero por el momento lo único que han conseguido es que la Policía, como mucho, desaloje la plaza a partir de las 2:00.

En abril de 2015 se elaboró un plan de aprovechamiento de la plaza, consensuado entre los vecinos y los propietarios de los bares, con el que se pretendía precisamente evitar las aglomeraciones, marcando el espacio destinado a mesas y sillas de cada local. Sin embargo, los clientes de los bares siguen agolpándose en la calle mientras los propios hosteleros se confiesan incapaces de controlar la situación, si no es con la ayuda de la Policía.

Las quejas de los vecinos las elevaron al Defensor del Pueblo Andaluz que inició una investigación en abril de este año. La última medida de presión la realizaron dos semanas antes de Feria, con carteles en varios balcones con los que reivindican el derecho al descanso.

Desalojan un sala de fiestas del Centro tras sorprender dentro a adolescentes de 13 años

La Policía Local de Málaga ha denunciado al responsable del local por permitir la entrada a menores de 16 años

 

Agentes de la Policía Local de Málaga desalojaron hace unos días una sala de fiestas del Centro de la capital donde se había congregado un importante número de menores, entre ellos algunos de tan sólo 13 años, según informaron fuentes policiales.

La intervención se desarrolló sobre las 20.30 horas. Una patrulla adscrita a la Jefatura del distrito Centro observó que había numerosos adolescentes dentro del establecimiento y avisó al Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local, especializado en este tipo de casos.

Los agentes, que visten de paisano, observaron que los menores no estaban consumiendo bebidas alcohólicas y que además las botellas de licores estaban apartadas, fuera de su alcance. Sólo estaban tomando refrescos.
Sin embargo, al identificar a los adolescentes que se encontraban en esos momentos en el interior del establecimiento, comprobaron que aproximadamente un 30% de ellos tenían edades comprendidas entre 13 y 15 años, según explicaron las mismas fuentes. Identificaron a once de ellos.

Ante esta situación, los policías locales identificaron al responsable del establecimiento y le pidieron la documentación. Al parecer, y siempre según las fuentes consultadas, el titular tenía licencia para regentar una sala de fiestas, pero no pudo exihibir una autorización para explotar una discoteca de juventud, que está enfocada a este tipo de público.

Al confirmar la posible infracción cometida, la Policía Local procedió al desalojo preventivo del local y denunció al responsable del mismo por permitir la entrada a menores de 16 años en su establecimiento.